La Asamblea por una Escuela Bilingüe, tal como había anunciado, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por vulneración de Derechos Fundamentales contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario.

En este recurso la AEB sostiene:

1º) El Decreto vulnera derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución como son el derecho a la no discriminación (Art. 14 ) y el derecho a la educación (Art. 27)

2º) El Decreto supone, en su totalidad, la infracción del ordenamiento jurídico por haber sido aprobado por un gobierno en funciones más allá de lo que permite el art. 27 de la Ley catalana 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

3º) En el Decreto, el castellano, no es reconocido como lengua oficial ni como lengua propia. La consecuencia de esa declaración es que no disfruta de la condición de lengua de la enseñanza ni de la Administración educativa.

Por todo ello solicita la nulidad del Decreto y pide que en tanto no se dicte sentencia, se adopten medidas cautelares que impidan su entrada en vigor.

El informe refleja adecuadamente la situación del régimen lingüístico de la educación en Cataluña y, por lo tanto, hacemos una valoración muy positiva ya que recoge lo que lleva denunciando la AEB desde hace años:

1. La presencia del castellano en la educación es residual.
2. No se respetan los derechos lingüísticos de los alumnos.
3. No se acatan las sentencias judiciales.
4. Se obliga a las familias a exigir ante los tribunales derechos que ya han sido reconocidos en múltiples ocasiones y, además, se somete a los peticionarios a campañas de acoso que incluye la utilización del discurso del odio.
5. Las autoridades educativas fomentan esas prácticas que no son cuestionadas ni por la Alta Inspección de Educación ni por la Sindicatura de Greuges.

Valoración AEB informe PETI

El Tribunal superior de Justicia de Cataluña ordena, a un centro escolar de primaria de la ciudad de BCN, a impartir una o varias asignaturas en castellano además de la de lengua castellana.

El Tribunal ha constatado después de analizar los horarios, programaciones didácticas y el proyecto lingüístico del centro, que la presencia del castellano era residual. Solo se impartían 1,5 horas a la semana de las 25 horas lectivas en total. La escuela tiene de plazo un mes para comenzar su aplicación. 

Es la segunda resolución que esquiva el bloqueo de los porcentajes de la Ley y el Decreto aprobados en julio de 2022. En este caso, a diferencia del anterior, se aplica en una nueva escuela donde la familia había solicitado bilingüismo después de la aprobación de la nueva normativa.

La @AEBCatalunya confirma así, que se ha abierto una nueva vía para solicitar bilingüismo de manera individual y que se aplique al grupo-clase donde cursa estudios el alumno.

Resolución judicial 

La Comisión ha atendido una petición de la AEB que denunció que la política lingüística de las administraciones educativas contempla al catalán como única lengua vehicular, lo que perjudica al conjunto de los alumnos catalanes, especialmente a aquellos que tienen necesidades especiales; y constituye una barrera que impide el desplazamiento de muchas personas a esta Comunidad Autónoma

La queja abierta ante la Comisión de Peticiones en 2017 ha sido defendida en tres ocasiones en el Parlamento Europeo, donde la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha insistido en la necesidad de una misión que estudiará in situ la vulneración de derechos lingüísticos de los alumnos catalanes

Nota de prensa

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitará Cataluña el próximo mes de diciembre para examinar el modelo de inmersión lingüística y responder a la queja planteada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).

Los próximos días 18, 19 y 20 de diciembre una delegación de seis europarlamentarios se desplazará a Cataluña para comprobar ”in situ” el impacto que el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán tiene para los alumnos castellanohablantes, especialmente para los alumnos con necesidades especiales y los que se incorporan al sistema educativo catalán llegados desde otras CCAA, países europeos o extracomunitarios.

 Nota de Prensa

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha hecho pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de diciembre de 2022 en la que aplica por primera vez el nuevo marco jurídico vigente, el Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022 de la Generalitat de Cataluña, en materia de régimen lingüístico en los centros educativos.

La sentencia reconoce el derecho de una alumna de un centro educativo público de Barcelona a recibir de manera efectiva en castellano, mientras esté escolarizada en el sistema educativo catalán, además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de esta lengua, una o varias materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículum y su categoría lectiva, puedan ser consideradas como principales.

Nota de Prensa

Sentencia

Comunicado 

 El TSJC da traslado a la Asamblea por una Escuela Bilingüe y el Ministeiro Fiscal para que valoren la posible interposición de cuestión inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 6/22 y de la Ley 8/22, eso supondría aplazar la ejecución de la sentencia del 25% hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

Escuela de Todos quiere poner de manifiesto:

PRIMERO.- Que es evidente que la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el objetivo que han estado promoviendo desde el Gobierno catalán, en la medida en que confiaban que ello conllevara la suspensión del procedimiento de ejecución de la sentencia y así evitar su aplicación.

En esa jugada, lamentablemente, ha contado con la colaboración del Gobierno de España que de manera indisimulada ha mostrado un pasmoso desinterés en la ejecución de la sentencia.

SEGUNDO.- Escuela de Todos no tiene ninguna duda sobre la inconstitucionalidad de las normativas aprobadas porque establecen un régimen dirigido a hacer ineficaz la sentencia y a relegar a la condición de lengua residual al castellano en la educación. 

CUARTO.- Es al Gobierno de España al que le corresponde denunciar la inconstitucionalidad de estas normas y, por ello, emplazamos al Gobierno de España para que, haciendo uso de la facultad que en este sentido le confiere el art. 161.2 de la Constitución, impugne las mencionadas normas ante el Tribunal Constitucional y solicite la suspensión de su aplicación.

Comunicado