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Las bibliotecas catalanas continúan arrinconando al castellano con una oferta alejada de la realidad sociolingüística de Cataluña
La Asamblea por una Escuela Bilingüe hace público un informe sobre las adquisiciones de libros realizadas por las bibliotecas públicas catalanas en el año 2023.
El análisis de los datos de las compras de libros en catalán y en castellano muestra que la Generalitat y las Diputaciones siguen un criterio lingüístico que controla férreamente la oferta con el objetivo de condicionar la demanda de los lectores.
-En el año 2023 un 60,7% de los libros comprados en todas las secciones (adulto, juvenil e infantil) fueron en catalán contra un 37% en castellano
- Los desequilibrios en las compras por idioma son especialmente acusados en la sección de infantil donde la presencia del castellano/español es residual en todas las provincias
-La reducción de la oferta no es solo en el número de nuevos títulos adquiridos, sino también en el de ejemplares comprados por cada nuevo título que es mucho menor si el libro es en castellano que cuando lo es en catalán. Se compran 3,6 ejemplares más de un nuevo título en catalán que de uno en castellano
Informe Bibliotecas
El contenido del acuerdo en el ámbito de la lengua marca el camino hacia la expulsión del castellano de la vida institucional catalana y se propone garantizar su exclusión de las aulas.
El PSC asume íntegramente las tesis nacionalistas que pretenden que solo el catalán tenga las atribuciones que corresponden a una lengua oficial y que el castellano y por tanto los ciudadanos que lo tienen como lengua materna, renuncien a sus derechos.
La escuela catalana tiene como objetivo garantizar el aumento de hablantes del catalán y para ello se fiscalizará el trabajo de docentes. Ni los alumnos ni las familias tienen derechos lingüísticos, solo deben acatar el proyecto lingüístico de una escuela monolingüe en catalán.
Comunicado
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), mediante Auto de 3 de julio de 2024, ha suspendido el Decreto de la Generalitat de Cataluña 91/2024, de 14 de mayo, de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. Dicho decreto, aprobado el pasado mes de mayo por el gobierno en funciones de la Generalitat formaba parte de los acuerdos del PSC con ERC de cara a un Govern de coalición encabezado por Salvador Illa tras las elecciones de junio último.
La suspensión se adopta como medida cautelar, solicitada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), quien presentó recurso contra este Decreto por vulnerar los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes al privarles de una educación en la que el castellano, junto con el catalán, fuera lengua vehicular.
A la suspensión solicitada por la AEB no solamente se ha opuesto la Generalitat de Cataluña, sino también el Ministerio Fiscal.
Hoy comenzará la crítica a los jueces y a los tribunales desde el gobierno catalán y la Generalitat, pero según ha establecido el Consejo de Europa, el poder ejecutivo no puede criticar públicamente las decisiones de los tribunales.
Es el momento de un pronunciamiento claro de las fuerzas políticas sobre la exclusión del castellano en el sistema educativo catalán. Pedimos que:
- Se admita lo que es una realidad que nadie puede negar: el castellano está, de facto, excluido como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo catalán.
- Se reconozca el derecho a estudiar EN castellano, más allá de la presencia del español como una lengua que se aprende.
- Se garanticen los derechos lingüísticos de los alumnos, de las familias y de todos los miembros de la comunidad educativa, poniendo fin a la exclusión del castellano que, en el decreto ahora suspendido, alcanza incluso a las conversaciones informales que mantengan los miembros de la comunidad universitaria.
La AEB defiende que todos los alumnos catalanes han de aprender tanto catalán como castellano. Con la misma contundencia, denunciamos la exclusión del español y reivindicamos su presencia en el sistema educativo al mismo nivel que el catalán, pues es una lengua oficial, materna de la mayoría de los catalanes y que ha de ser considerada propia tanto por la escuela como por la administración.
AUTO DEL TSJC
607 93 21 98
